La propuesta tiene como objetivo crear políticas públicas locales para la prevención de la violencia, la protección de niñas y mujeres sobrevivientes de violencia y la reparación de sus derechos.
La propuesta busca fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados del país.
La propuesta de política está basada en el mandato constitucional en materia de derechos humanos de las mujeres, igualdad y no discriminación hacia las mujeres y niñas; busca transformar los patrones socio culturales patriarcales discriminatorios y violentos, y contribuye a la superación de la desigualdad y la pobreza.
